En una visita de inspección hecha por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, y uno de sus equipos conformado por personal del nivel central de la entidad y su Regional Córdoba al Centro de detención transitoria (CDT) de Montería, comprobaron que el hacinamiento alcanza el 225%, ya que tiene una capacidad para 30 personas privadas de la libertad (PPL) y hay un total de 98.

“Lo que encontramos es la radiografía de lo que hemos venido denunciando insistentemente desde que asumí como Defensor del Pueblo: vulneración de los derechos fundamentales de los detenidos, la gran mayoría, si no todos, en condición de sindicados”, asegura Carlos Camargo Assis.  

El CDT de la capital de los cordobeses, ubicado en una bodega, cuenta con seis celdas, cada una tiene una capacidad para seis personas. No obstante, todas rebasan ese número.

Adicionalmente, además de otros hallazgos, no tiene sistema de ventilación, pese a que la temperatura de la ciudad supera en el día los 34 °C, los baños no tienen puertas y el sistema de cableado eléctrico, aunque le hicieron unos arreglos recientemente, no es el idóneo.

Incluso hay detenidos que superan los dos años en el lugar, cuando la ley colombiana establece que un sindicado no puede superar las 36 horas en un centro de esta naturaleza.

“¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que sean puestas en funcionamiento medidas estructurales e integrales para darle una solución efectiva a la problemática? ¿Tenemos que esperar a que ocurra una tragedia originada por las pésimas condiciones en las que están los detenidos para que los entes gubernamentales y competentes implementen medidas estructurales que den una solución de fondo?," reclamó el Defensor del Pueblo. 

El agua en ese centro tiene baja presión, sin embargo, los mismos detenidos decidieron comprar, con la ayuda de sus familiares, una motobomba, aun así no hubo mejoras.

Los voceros de las personas privadas de la libertad manifestaron tener dificultades para que trasladen a las PPL a los centros de salud, aseguran que no hay un medio de transporte designado para tal fin.

El internet, necesario para las audiencias virtuales, es deficiente. En el momento de la visita de la Defensoría, se cayó la señal y no les fue posible restablecer una audiencia que era llevada a cabo.

“Aquí tiene que haber una sumatoria de esfuerzos entre las nuevas administraciones departamental y local para que a las personas detenidas en el CDT de Montería no les continúen vulnerando sus derechos fundamentales. Deben ser tratadas con el respeto que merecen como seres humanos, en condiciones legítimas de dignidad”, puntualizó el Defensor.